“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

COMO DICE PERRENOUD, EN DESARROLLAR LA PRACTICA REFLEXIVA, SIN UN HILO CONDUCTOR, EL DEBATE DE LA FORMACION DOCENTE, PUEDE PERDERSE, Y DESAFORTUNADAMENTE EN NUESTRO PAIS, LO QUE MENOS INTERESA A NUSTROS POLITICOS, ES MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACION, SI NO MAS BIEN EXISTEN DIVERSOS INTERESES POLITICOS Y LABORALES, SI CREEN QUE NO ES ASI VEAMOS QUIEN ES EL SECRETARIO DE EDUCACION EN CHIAPAS, Y QUIENES ESTAN OCUPANDO LOS PUESTOS IMPORTANTES.

AQUIEN REALMENTE BENEFICIARA ESTA INICIATIVA, QUIENES CONFORMAN LA COALICION CIUDADANA POR LA EDUCACION, YO CREO QUE SI EN REALIDAD CONOCIERAN LA REALIDAD DE LA EDUCACION, Y SE INTERESARAN POR SU CALIDAD, ESTARIAN  TRABAJANDO A FAVOR DE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LAS ESCUELAS, QUE LA MAYORIA DE ELLAS AUN CARECE DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA. Y NUESTROS DOCENTES AUN EN ESAS CONDICIONES LOGRAN HACER UN POQUITO MEJOR EL ENTORNO DE ESOS ESTUDIANTES, CLARO NO ES EL RESULTADO MEJOR DE LA DE OTROS PAISES, PERO LAS CONDICIONES POLITICAS Y ECONOMICAS TAMPOCO SE PUEDEN EQUIPARAR. LES DEJO EL TEXTO PARA SU ANALISIS.
Los que suscriben, MARÍA TERESA ORTUÑO GURZA y SERGIO ÁLVAREZ MATA, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la historia del desarrollo educativo de las últimas décadas, la literatura especializada en analizar los factores que de algún modo u otro intervienen en los resultados del aprendizaje de los alumnos es relativamente reciente. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX estos trabajos se concentraron en explorar el sector educativo bajo la premisa de que el peso de las condiciones socioeconómicas y culturales ajenas al sistema educativo es determinante en las posibilidades de éxito de los educandos, escenario en el que los esfuerzos al interior de las escuelas son prácticamente cosméticos. Así, el resultado de la investigación educativa derivada de este marco vinculó la capacidad explicativa de los contextos socioeconómico y cultural sobre los logros de la gestión escolar.
Una vez atravesado el umbral del nuevo siglo, la tendencia de los sistemas educativos mundiales apuntó a privilegiar los esfuerzos orientados al mejoramiento de la calidad educativa, terreno en el que el servicio docente ha sido identificado como una de las variables más influyentes para el logro de la zancada cualitativa de la dinámica escolar. Que los docentes son actores clave para elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje es materia sobre la cual no sólo hay consenso social, sino que es cada vez más consistente la evidencia empírica que lo confirma.
Esta legítima expectativa y urgente demanda de contar con sistemas educativos de calidad ha exigido el desarrollo de sistemas objetivos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes, encaminados a establecer criterios que redunden en la mejora de la calidad pedagógica de quienes son protagonistas en el complejo proceso educativo. Queda claro, sin embargo, que esta pretensión no debe tender de nueva cuenta a plantear un enfoque fragmentado, que desestime el resto de los factores involucrados en la persecución de tales objetivos, escenario que ocurre si dicho sistema no considera los contextos locales y nacionales, ni las condiciones estructurales e institucionales en las que se ejerce la docencia.
La buena docencia deriva inevitablemente del conjunto de saberes, decisiones y prácticas de sujetos e instituciones que dialogan y se entrecruzan en el campo educativo, político y social, y que tienen su punto de concurrencia en la escuela. En tal sentido, un buen sistema profesional docente debe establecer mecanismos que evalúen el desempeño docente individual y el funcionamiento del conjunto de los docentes en la escuela; pero al mismo tiempo está obligado a dar luz a los elementos y condiciones que posibilitan la mejora de
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dicho desempeño, incidiendo así tanto en el fortalecimiento de la carrera y el desarrollo profesional de los maestros, como en el mejoramiento de los propios centros educativos donde ellos han de poner en juego sus competencias profesionales.
La directriz mundial en materia educativa determina que la generación de habilidades de autoperfeccionamiento al interior del sistema educativo requiere obligadamente de que el personal docente se someta de manera periódica a un proceso de evaluación objetivo que certifiquen sus capacidades y aptitudes para asumir las tareas de enseñanza. En el mundo entero esta tendencia se ha topado con resistencias de otros actores, principalmente de la representación social del magisterio, quienes han sido especialmente susceptibles a que otros, desde fuera, analicen y evalúen sus competencias y saberes profesionales. Esta visión se ha enfocado en ver el proceso evaluativo como mecanismo de control externo y de presión, y no como vehículo legítimo para consolidar la profesionalización y formación de los educadores. Es intención de los proponentes exaltar que la evaluación docente no debe operar como un mecanismo de vigilancia jerárquica que controla la labor de los profesores, sino como un medio para impulsar y favorecer el perfeccionamiento del sector, y como herramienta de primer orden para identificar las cualidades que conforman a un buen docente, instrumentos que sin duda propician la generación de políticas educativas que coadyuven a empujar su generalización.
El sistema educativo mexicano ha contado con diversas herramientas de evaluación magisterial. En el caso de la educación básica operan, esencialmente, el Examen Nacional para la Actualización de Maestros en Servicio; el Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes para el Otorgamiento de Plazas a Docentes en Servicio y para el Ingreso al Servicio Docente, y el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM), mecanismo evaluativo por excelencia en materia de desempeño docente. El PNCM surgió en 1993 como resultado del Acuerdo Nacional de Modernización Educativa, que entre sus objetivos planteó la urgencia de impulsar la profesionalización de los docentes de educación básica, compensarlos salarialmente en función de sus méritos académicos e incentivar sus buenos resultados educativos.
El Programa consiste en un sistema de estímulos de promoción horizontal en el que los docentes de educación básica participan de forma voluntaria e individual, y tienen la posibilidad de incorporarse o promoverse si cubren con todos los requisitos y se evalúan conforme a lo indicado en los lineamientos normativos. Consta de cinco niveles de estímulos (del A al E), los cuales son seriados y consecutivos. Para acceder al siguiente escaño es necesario, además de cumplir con una determinada permanencia en el nivel previo, superar una evaluación que considera seis factores que suman un total de 100 puntos: grado máximo de estudios, años de antigüedad en el servicio, desempeño profesional (según lo califica un comité compuesto por pares), puntaje en las evaluaciones estatales y federales de los cursos de desarrollo profesional, puntaje en las pruebas de conocimiento de docentes (preparación profesional) y el puntaje que refleja la calificación promedio (a nivel del aula) en la prueba estandarizada para alumnos (aprovechamiento escolar). Los maestros que se incorporan al nivel A reciben un estímulo salarial que representa más de 20% de su salario base, mientras que los que se ubican en el nivel E reciben más de 200 por ciento.
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EN 2006, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los resultados de la primera evaluación formal al PNCM, encargada a la firma estadounidense RAND Corporation. El estudio, denominado Haciendo Camino: Análisis de los instrumentos de evaluación e impacto de Programa Carrera Magisterial en México, no constituyó una evaluación total del programa como política pública, pero sí una herramienta para analizar “su funcionamiento interno, así como las probabilidades de impacto en algunas medidas de calidad educativa”. El documento arrojó que, en la mayoría de las evaluaciones del Programa, los reactivos sólo evaluaban “habilidades cognitivas de bajo nivel” y la valoración del factor “desempeño profesional” del docente se llevaba a cabo mediante instrumentos y criterios que no estaban vinculados explícitamente con estándares de docencia, lo que daba lugar a juicios subjetivos sobre la práctica docente. La actualización de los maestros pocas veces se vinculaba con las necesidades de los maestros en su práctica cotidiana, por lo que difícilmente se podía tener el efecto esperado en el mejoramiento del aprovechamiento de sus alumnos. No en pocos casos se verifica una práctica denominada “cursitis”, en la que el interés central es asistir a algún curso para acumular un puntaje.
Con respecto al sistema de estímulos, los investigadores de la RAND afirmaron que si bien la Secretaría de Educación Pública se lleva mucho crédito por operar un sistema novedoso, “nuestro estudio sugiere que los estímulos salariales no tuvieron un efecto real en las calificaciones de aprovechamiento escolar para los maestros de primaria. Asimismo, dicha sistema tuvo un impacto positivo muy reducido en las calificaciones de aprovechamiento escolar para maestros de secundaria que están buscando incorporarse al programa”. Los autores del informe encontraron que la motivación para mejorar el rendimiento de los alumnos en las pruebas disminuye todavía más una vez que los maestros se incorporan al Programa o reciben una promoción a un nivel más alto, debido a que los estímulos ya ganados están garantizados para toda su trayectoria (mientras permanezcan en ese nivel).
Los investigadores de RAND concluyeron que mientras los exámenes aplicados a maestros para medir su preparación profesional muestran una cobertura amplia de los planes y programas de estudio a nivel nacional, las prueban tendían a enfocarse más en memorización que en medir habilidades cognitivas de alto nivel. De igual manera, las pruebas de los alumnos para medir su aprovechamiento escolar –uno de los factores más importantes para determinar si el maestro obtiene o no el estímulo-, también requerían por lo general habilidades cognitivas de bajo nivel. Otro problema detectado es que lo exámenes a los que se someten los docentes para ganar estímulos no aumentan su nivel de dificultad a medida que éstos avanzan a niveles más altos del Programa. Para poder asegurar un desarrollo continuo a nivel profesional y del aula, el estudio sugiere que las autoridades educativas consideren desarrollar un examen de preparación profesional que tome en cuenta no sólo los conocimientos del maestro sobre la materia, sino también sus competencias y habilidades individuales y docentes. En el capítulo de recomendaciones, la RAND llamó a la SEP a reformar los componentes de actualización y de la evaluación colegiada del desempeño profesional.
Básicamente, destaca el texto, la autoridad educativa federal, en coordinación con el sindicato de maestros, “requieren revisar las principales características del sistema de evaluación del PNCM, desde los factores que incluye, hasta cómo se miden los resultados.
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Hay que subrayar que incluso los sistemas educativos de incentivos docentes mejor diseñados pueden no llevar a mejoras en la calidad educativa si los instrumentos utilizados para evaluar a los maestros tienen problemas técnicos”.
Cinco años después de su arranque, el PNCM hizo una primera reorientación de sus propósitos, pero fue en mayo de 2011 cuando se cristalizó la firma del Acuerdo para la Reforma de los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial, signado por la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y cuyo contenido deriva de las reciente reformas a la Ley General de Educación, publicadas el 28 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación, que mandatan a las autoridades educativas establecer mecanismos de estímulos a la labor docente con base en la evaluación. En esta nueva versión, tres factores serán considerados: el logro académico de los alumnos con los resultados de la prueba ENLACE (50%) ; la formación continua de los docentes (20%) y el desempeño profesional (30%). De este último, dos terceras partes se evaluarán a través de actividades cocurriculares que acompañarán al Consejo Escolar de Participación Social, adicionales a la jornada de trabajo, y el tercio restante con el desempeño profesional de los maestros, basado en evaluaciones sobre los contenidos de planes y programas.
Para la promoción entre niveles de estímulo (A, B, C, D y E) se contempla una permanencia mínima de 3 a 4 años en zonas urbanas y rurales, y dos en aquellas que son de bajo desarrollo, de tal manera que los docentes elegirán evaluarse cada año una sola vez al término del periodo de los años requeridos de acuerdo a la permanencia mínima para cada nivel de estímulo. Aquellos que ya están en algún nivel de estímulo lo conservarán, pero deberán obtener un puntaje mínimo de 70 para conservar ese nivel.
El 31 de mayo pasado se realizó la firma del Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. El documento fundamenta su pertinencia en la falta de un esquema integral y universal que permita obtener diagnósticos de las competencias profesionales y de desempeño de los maestros. Afirma que las opciones para el desarrollo profesional han estado dispersas, por lo que a través de este acuerdo “se articulará el acompañamiento de un apoyo profesional adecuado, focalizando los trayectos de formación continua en las áreas de oportunidad que se detecten con base en resultados”. La evaluación universal será obligatoria para docentes frente a grupo, directores y docentes en funciones técnico pedagógicas, para obtener un diagnóstico con fines formativos. Se les evaluará cada tres años: en 2012 a los profesores de primaria, en 2013 a los de secundaria, y en 2014 a los de preescolar y educación especial.
El esquema de Evaluación Universal contempla los aspectos y puntajes en: 1) el Aprovechamiento Escolar (AE), con base en los resultados del Examen Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), y 2) las Competencias Profesionales (CP), calificadas con un máximo de hasta 50 puntos a través de: a) la Preparación Profesional (PP) -hasta 5 puntos-que se evaluará con exámenes estandarizados cada 3 años; b) el Desempeño Profesional (DP) –hasta 25puntos-con base en los estándares o los instrumentos y estrategias que emita la SEP, y c) la Formación Continua (FC) –hasta 20 puntos- referida a la evaluación del aprovechamiento escolar, así como la preparación y el desempeño profesionales.
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En 2008, la Secretaría de Educación Pública federal y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establecieron el Acuerdo para Mejorar la Calidad de la Educación de las Escuelas en México. El propósito del acuerdo fue encontrar las rutas para materializar los propósitos signados ese mismo año en la Alianza por la Calidad de la Educación. El texto original establece que la vinculación de México con el organismo internacional serviría para “determinar no sólo qué cambios de política deben considerarse en México, sino también cómo diseñar e implementar reformas de política con eficacia, partiendo de las iniciativas en marcha, así como de las condiciones, restricciones y oportunidades locales”. Uno de los componentes de este acuerdo trató sobre el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados con los incentivos para lograr procesos de mejora.
Tras dos años de evaluación, en 2010 la OCDE dio a conocer 15 recomendaciones para México, con el propósito de establecer una agenda práctica de la política en materia educativa. Con respecto al terreno docente, el organismo señaló que: “la reforma más importante en política pública que puede México hacer para mejorar los resultados educativos de sus jóvenes es construir un sistema sólido que permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes para sus escuelas”. En este sentido, la OCDE estableció una ruta estratégica para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, y para atraer, preparar y desarrollar una fuerza de enseñanza de mejor calidad: 1) definir la enseñanza eficaz; 2) atraer mejores candidatos docentes; 3) fortalecer la formación inicial docente; 4) mejorar la evaluación inicial docente; 5) abrir todas las plazas docentes a concurso; 6) crear periodos de inducción y prueba; 7) mejorar el desarrollo profesional, y 8) evaluar para ayudar a mejorar.
Con respecto al inciso 4), el organismo señala: “México debe desarrollar y mejorar el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes; continuar la introducción del uso de instrumentos más auténticos basados en el desempeño para medir el conocimiento y las habilidades de los docentes; también mejorar la estructura de gobernanza de estos mecanismos y en particular la operación del Organismo de Evaluación Independiente con Carácter Federalista (OEIF), buscando consolidar una estrategia más eficiente a largo plazo”. Sobre el inciso 5), la OCDE dice que: “Todas las plazas docentes (incluyendo las vacantes) deben abrirse a concurso, pues algunas son asignadas actualmente por una comisión mixta y otras a través del examen de acreditación (concurso). El sistema de asignación de docentes a escuelas, actualmente basado en la preferencia del docente, se debe mejorar para que exista una mayor concordancia entre el tipo de escuelas y los docentes. El Sistema de Corrimiento debe ser respetado y mejorado”.
Los caminos para cristalizar el espíritu de las recomendaciones reiteradas por los diversos organismos internacionales y domésticos han derivado en propuestas que, desde ópticas distintas, pretenden revolucionar el paradigma bajo el que opera el sistema educativo nacional. La participación de la sociedad civil en esta labor ha sido fundamental para dar alternativas que afiancen transversalmente el principio de calidad educativa. Con este propósito, el pasado 23 de octubre miembros de la sociedad civil agrupados en la Coalición Ciudadana por la Educación (CCPE) expusieron ante quienes suscriben la presente iniciativa una serie de propuestas normativas que, retomando la preocupación detallada
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anteriormente, tienen el propósito de crear un Servicio Profesional del Magisterio “que agrupe gradualmente a la totalidad de los profesores, directores de escuela, supervisores, jefes de departamento y demás personal encargado directamente de la docencia y su organización”. De acuerdo con la propuesta, “el ingreso al Servicio Profesional del Magisterio habría de estar garantizado por un riguroso concurso de oposición, lo mismo que la ocupación de plazas de director, supervisor o jefe de departamento. El sistema de promoción estaría regido por comisiones dictaminadoras equiparables a las existentes en las universidades, sin intervención sindical y con participación de los colegios profesionales del magisterio de cada Estado, integrantes del Servicio nacional”.
El texto de la CCPE destaca que “la creación del Servicio Profesional del Magisterio debe hacerse desde la Ley General de Educación, de manera que quede incluido como una de las partes integrantes del Sistema Educativo Nacional y se establezcan los términos generales de su papel”. En opinión de los integrantes de la Coalición, “las reformas que proponemos coinciden en buena medida con la minuta de reformas a la Ley General de Educación enviada por el Senado de la República el pasado octubre a la Cámara de Diputados, que plantea la inclusión de una fracción I Bis al artículo 12 para “Establecer, bajo el principio de transparencia, los mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente, con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo”; sin embargo consideramos que la creación de un Servicio Profesional del Magisterio sería un mecanismo integral para regular la carrera de los profesores y para hacer de la labor docente una tarea de Estado, digna y responsable, sin injerencias corporativas”.
A efecto de robustecer la cultura del diálogo y la construcción de acuerdos entre el Congreso y la sociedad civil, mediante la identificación y ejecución de actos coincidentes en beneficio del interés público, los autores de la presente ofrecieron materializar, a través de la presentación formal de una iniciativa, el espíritu del diseño normativo perfilado por la Coalición, a fin de enriquecer el debate que concrete la transición cualitativa del Sistema Educativo Nacional.
En mérito de lo expuesto se somete a la aprobación del Pleno de esta Soberanía el presente:
“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
ÚNICO.- Se reforman los artículos 10, fracción I; 12, fracción VII; y 21, segundo y último párrafos; y se adicionan la fracción II al artículo 10, recorriéndose las subsecuentes; y la fracción VI Bis al artículo 12, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 10.- …
Constituyen el Sistema Educativo Nacional:
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I.- Los educandos;
II.-. El Servicio Profesional Magisterial;
III.-…a VIII.-…

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
I.-…a VI.-…
VI Bis.- Regular el Servicio Profesional Magisterial para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente;
VII.- Diseñar, a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, instrumentos de evaluación para la certificación de los educadores y autoridades educativas, a fin de garantizar que cuenten con los conocimientos y aptitudes necesarios para llevar a cabo las tareas de enseñanza y que su trato corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable de las niñas, niños y adolescentes.
VIII.-…a XIV.-…
Artículo 21.- …
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán obtener la certificación de conocimientos y aptitudes expedida por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Para ejercer la docencia en los centros del sistema educativo nacional públicos, los maestros deberán ingresar por concurso de selección al Servicio Profesional Magisterial, de acuerdo con los requisitos establecidos por la autoridad educativa federal. Cada entidad federativa determinará las instancias responsables de los procesos de ingreso, promoción y permanencia de acuerdo con los criterios que emita la autoridad educativa federal. Las plazas de directores y supervisores en todo el sistema educativo nacional serán ocupadas por concurso de selección por integrantes del Servicio Profesional Magisterial. En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

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El Servicio Profesional Magisterial otorgará reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión, además de establecer mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación. Las autoridades educativas realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los maestros con plaza docente conservarán en todo momento sus derechos laborales en términos de la ley, tanto individuales como colectivos, al momento de creación del Servicio Profesional Magisterial.
Tercero.- El personal magisterial que cumpla con los requisitos que emita la autoridad educativa para la creación del Servicio Profesional Magisterial, tendrá derecho a que les sea reconocida, para efectos de retiro, la antigüedad computada a partir de su ingreso al servicio docente.
Cuarto.- Los maestros adscritos al Programa de Carrera Magisterial pasarán a formar parte del Servicio Profesional Magisterial una vez que cubran los requisitos que establezcan las disposiciones administrativas correspondientes.
Quinto.- El proceso de incorporación al Servicio Profesional Magisterial se regulará por su Estatuto, mismo que será expedido por la autoridad educativa en un lapso de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto. El proceso de incorporación dará inicio 360 días después de la publicación del Estatuto del Servicio Profesional Magisterial en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de diciembre de 2011.

Acerca de esteparhio

soy profesor de telesecundaria y deseo compartir experiencias de enseñanza aprendizaje en la mejora de mi estado y pais
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